Acompaña a Luis Tarullo:
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La primera semana de noviembre terminó con el cierre del círculo inicial de los casos de los jueces trasladados por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Después de semanas de espera, por el tiempo de estrategia política que se tomaron los magistrados, en 48 horas el máximo tribunal resolvió transitoriamente la cuestión de acuerdo con algunas de las salidas que se preveían.
En el caso de los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi la Corte dispuso que continúen en sus cargos actuales hasta que los puestos que ocuparon a partir del decreto del expresidente Mauricio Macri sean cubiertos cumpliendo con todos los pasos legales, que se sintetizan en un concurso en el que intervienen el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado.
En cuanto a Castelli, los jueces cortesanos dispusieron una medida similar, pero devolvieron su expediente al tribunal de primera instancia que había rechazado su amparo, para que modifique su decisión en sintonía con lo resuelto por el alto tribunal.
«Se hace lugar al recurso extraordinario por salto de instancia, se revoca la sentencia recurrida (la medida cautelar presentada por Castelli y que le fue denegada), y se ordena la suspensión de los efectos de la resolución 183/2020 (del Consejo de la Magistratura, que había dispuesto su salida del tribunal) hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa», es uno de los puntos claves de la resolución sobre ese juez.
En suma, los tres magistrados pueden intentar permanecer definitivamente en sus puestos actuales, pero deberán dar examen como si empezaran el trámite.
El problema que surge en el horizonte inmediato es que, según argumentan en Tribunales, este fallo de la Corte echa un velo de incertidumbre sobre otros magistrados, que las especulaciones sitúan entre diez y alrededor de 70.
Pero desde el Consejo de la Magistratura sostienen que cada caso es particular y no puede aplicarse la misma vara para todos, porque además algunos de esos jueces que tienen dudas fueron trasladados por la administración peronista anterior a la de Macri.
Además de tratar de bajarle tensión al tema, el propio presidente del Consejo, Alberto Lugones, estimó que en ocho meses podría resolverse el nombramiento de los titulares, al menos en lo que respecta a los cargos ocupados por Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
Sin embargo, no se desecha que el plazo pueda ser mayor, acorde al devenir de los tiempos políticos que se avecinan, y sobre todo en un año que será muy intenso por las elecciones de medio tiempo que deben realizarse a fines de 2021.
En paralelo, algunos planes oficialistas en materia judicial avanzan a ritmo diverso. El proyecto de reforma que impulsa el Gobierno de Alberto Fernández estaría progresando, según versiones que hablan de lo que está haciendo el consejo consultivo integrado por un grupo de especialistas, ya conocido en algunos círculos como “Comisión Beraldi”, por el apellido del abogado de Cristina Fernández que forma parte del organismo.
Y al mismo tiempo hay decisiones concretas, como la aprobación del juez Daniel Bejas –quien fue apoderado del PJ tucumano- para que complete la formación de la tan estratégica como poderosa Cámara Nacional Electoral, hoy con dos miembros por la muerte, años atrás, de uno de sus integrantes.
En el medio, o a la par, mejor dicho, sigue a todo vapor el debate por la designación del juez Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, o sea jefe de los fiscales.
El oficialismo ha intentado mostrar una postura monolítica sobre esa postulación, aunque indudablemente hay diferencias tanto en torno al candidato como la modalidad –específicamente los votos necesarios- para su designación.
En tanto, en la oposición sigue abierta la brecha de aquellos que quieren seguir el consejo de Elisa Carrió –quien avaló el plan del Ejecutivo y pidió que se vote a Rafecas- y los que están de la otra vereda y no quieren hacer concesiones de ningún tipo.
Visto este panorama, quizás habría que dar una mirada también al trasfondo de estas situaciones, con particularidades que podrían exceder los intentos del oficialismo –como todos los oficialismos- de tener una justicia que no le signifique obstáculos.
Y ello está vinculado con la histórica mecánica de toma y daca entre los sectores con más poder a la hora de lograr sus respectivos objetivos.
No es nuevo el tema de las negociaciones lógicas de la política, pero en tiempos difíciles, complicados –como los actuales, encima agravados por la pandemia del coronavirus- tiene chances de prosperar aquello de los altos costos, y no solo en términos económicos.
Cada sector aparentemente en pugna evalúa y da su parecer con una óptica coherente con sus intereses y la sociedad no está exenta de esa influencia, como se ha visto en esta y en todas las cuestiones desde hace muchos años.
Y esa sociedad se conforma (¿resigna?) ya con lo elemental, con lo básico, con lo que debería ser moneda corriente y quedar fuera de todo cuestionamiento y discusión y que las contiendas permanentes muchas veces impiden: que la justicia funcione.
crédito imagen Tiempo Judicial
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