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Acompaña a Luis Tarullo:
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El Gobierno de Alberto Fernández retomó desde el comienzo de la gestión el uso de las tradicionales herramientas para contener los conflictos y contentar a quienes saben ocuparse in situ de esa tarea. O sea, los sindicatos.
Mauricio Macri, pese a las promesas de cambios de fondo, muchos de los cuales no se produjeron, también apeló a los mecanismos históricos para satisfacer el «toma y daca» en el poder.
Uno de los centros neurálgicos, quizás el más importante, son las obras sociales, quintaesencia del poder sindical desde hace décadas. Y lo lógico es mantener abastecidos a esos entes de salud, aunque, debe decirse, los sucesivos gobiernos también se quedaron o «pisaron» en diversos momentos los fondos de esas organizaciones.
Es recordado el reclamo de Lorenzo Miguel y sus compañeros de ruta hace 30 años, cuando Domingo Cavallo lanzó el sablazo de la desregulación de las obras sociales (libre elección) y los cambios en la recaudación (desde entonces a cargo del Fisco, que se encargaba de redistribuir esos aportes).
En esa época, los sindicatos decían que la deuda para con ellos (del Estado que no les devolvía ese dinero, en realidad) era de unos 3.500 millones de pesos/dólares. Una fortuna.
Con el tiempo, vía devaluaciones e inflación, la cifra de achicó en dólares, pero igual continuó siendo una friolera en pesos y más necesarias para el sistema, sobre todo ante el deterioro de la economía, las demandas de salud de los afiliados y también, por qué, el deterioro de esos entes gremiales.
Por ello, cada vez tuvo más vigencia el tema de «hoy por ti, mañana por mí». Y el intercambio dadivoso se hizo frecuente. Fondos para las obras sociales, garantías de paz social de parte de los gremios, ergo, garantía de gobernabilidad sin obstáculos, o sea con los conflictos contenidos.
Pero a partir del nuevo siglo surgieron otros actores en el escenario, y así aparecieron las organizaciones sociales nacidas al calor de la cultura «piquetera». Esas entidades, con caudillos muy claros sostenidos por la necesidad de sus congéneres y con un discurso que parecía disruptivo, pero que finalmente se emparentaba con lo que ellos denostaban, la «burocracia sindical», también apelaron a la misma política. Si les daba buenos resultados a los gremios tradicionales (tanto de centro como de izquierda) por qué no les iba a dar resultado a ellos.
En conclusión, fue gestándose una especie de medusa a la cual los sucesivos gobiernos debían alimentar, pues sus cabezas se fueron solidificando y se tornaron imposibles de cortar. En parte, vale decirlo, también por la poca voluntad de las administraciones, la ineficacia para combatir la inflación y el desempleo (cóctel negativo histórico del cual se aprovecha más de un sector) y los contubernios políticos, sobre todo en época de elecciones.
Actualmente se está viviendo una circunstancia tradicional en esos aspectos. Hay desde hace años una crisis ahora profundizada por la pandemia de coronavirus y se aproximan los días de una situación inédita: elecciones de medio término fundamentales para un gobierno que recién empieza a andar en medio de un cataclismo sanitario mundial.
El Gobierno de Fernández se reunió varias veces con los popes de la CGT y también en varias ocasiones ha dado la orden de remitir fondos a las obras sociales. En paralelo, mantiene a raya con las herramientas que tiene a mano (que básicamente es dinero que sale de las arcas fiscales) a las agrupaciones que están volviendo de a poco a ganar las calles para demandar planes y subsidios.
Pero, vía Sergio Massa, quien desde hace un tiempo está tomando nuevamente carrera para reimpulsar sus ambiciones políticas al más alto nivel desde la presidencia de la Cámara de Diputados, realizó una jugada audaz con la cual considera que nadie puede estar en desacuerdo: eximir del pago del Impuesto a las Ganancias a casi 1.300.000 asalariados. Si los planes oficiales se cumplen según lo programado, el proyecto podría ser ley en marzo.
No significa eso que tal cantidad de personas traduzcan su segura satisfacción en votos, pero sin dudas una importante porción de ese universo de trabajadores derivará su voto al oficialismo. Sería por lo menos ingenuo no deducir tal consecuencia.
Los gremios, entonces, pueden presentar también como parte de sus demandas este logro y, a la vez, quedar comprometidos a desactivar conflictos o al menos atomizarlos y que las reclamaciones sean sectoriales o parciales. Claro que los sindicatos siguen pidiendo siempre algo más y ahora quieren que aguinaldo y horas extras queden también fuera de las fauces del voraz tributo.
De todas maneras, no hay que perder de vista que tras los cierres de las paritarias habrá sueldos que pueden llegar a superar el nuevo mínimo no imponible, lo cual tornaría abstracta la reforma en esos casos, y que también la inflación significará un agujero en los bolsillos por los cuales se escapará la recuperación conseguida por el nuevo esquema de Ganancias.
A la par, el Gobierno debe ingeniárselas para diseñar un esquema de reemplazo del vacío que generará el dejar de percibir el impuesto en esa proporción. Pocas dudas hay que esta medida estaba en conocimiento y tiene la anuencia del FMI, con el cual las autoridades confían en llegar a un acuerdo sobre la deuda y conseguir un pulmotor político y económico al menos hasta que haya una reactivación.
En este contexto, también quedaron por ahora archivadas las ideas de reformas en el ámbito del trabajo, aunque nunca hay que descartar que, así como por acción, los gremios suelen intervenir por omisión. Tal vez si se presenta alguna iniciativa de flexibilidad laboral exista la posibilidad de una mirada al costado del sindicalismo tradicional. Un simple ejercicio de memoria permite encontrar antecedentes en la privatización de empresas públicas y la flexibilidad impuesta por aquel Cavallo de los 90, a través de la Ley Nacional de Empleo, por ejemplo.
Vale mencionar algo que está implícito: la necesidad del oficialismo, peronista en este caso, no solo de mantener con rienda corta los conflictos sino de contar con los históricos aparatos gremiales (a veces más débiles, a veces más fuertes) para los momentos electorales.
En suma, la tradición de la negociación por intereses y necesidades mutuos sigue su rumbo indetenible. Y en esa historia escrita hace décadas y que reaparece cíclicamente, una de las misiones de los gobiernos, de cualquier signo, es tratar de calmar las aguas y nadar en un océano donde los gremios suelen ser pacíficos peces y también temibles tiburones.
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