Acompaña a Luis Tarullo:
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Los inspectores laborales en la Argentina tienen un rol fundamental en el control y penalización acerca de la situación de los trabajadores en sus respectivos empleos, pero siempre estuvieron a la sombra de otros gremios de los cuales no podían desprenderse poder para armar su propia organización.
Lo que ocurre con la Unión de Inspectores de la República Argentina (UIRA) no es novedoso, ya que trabajadores y representantes de otras actividades tuvieron que padecer realidades similares.
La evolución de los trabajos y los cambios en las formas laborales suelen traer consigo un «aggiornamiento» de los sindicatos y hasta la creación de nuevas organizaciones, pero el tradicional unicato gremial y los intereses sectoriales y políticos le salen al cruce a aquellos que pretenden, ni más ni menos, reivindicar sus derechos y ejercer la democracia sindical.
El tema de la UIRA se suma a otros «leading case» (caso testigo), que adquiere relevancia porque, según informaron permanentemente sus dirigentes, encabezados por Sergio Neira, en principio no se les permitió siquiera cumplir con un derecho constitucional. O sea, se les vedó la mismísima inscripción, que se concretó luego de un derrotero que fue como una travesía del desierto.
Aunque el nuevo ente venía gestándose desde antes, aquel principal escollo se dio durante la gestión de Jorge Triaca hijo como Ministro de Trabajo del Gobierno de Mauricio Macri.
Los representantes de la UIRA fueron sumando adhesiones y empezaron a batallar en los tribunales, los cuales, tras una primera etapa de morosidad en sus decisiones, finalmente no tuvieron más remedio que dar luz verde a las peticiones bien fundamentadas.
Pero los inconvenientes no están superados, ya que aún queda una etapa que debería desembocar en el otorgamiento de la personería gremial. La promesa del reconocimiento había sido dada durante la última etapa (2015-2019) del Gobierno de Cristina Kirchner, la que no se cumplió por el arribo del macrismo.
Ahora, tras el paso de la inscripción, se renueva aquella promesa, pero, curados de espanto, los inspectores no ponen el champagne en la heladera mientras no tengan todos los expedientes firmados debidamente.
Y si con eso todavía no alcanza para abonar el caso, ahora se sumó la pandemia de coronavirus y empezó otra batalla de la UIRA. Lo más reciente es el pedido al Gobierno para que esos trabajadores sean considerados «esenciales», justamente por las características de sus tareas.
En definitiva, este es solo un ejemplo de la gran distancia que aún existe entre los enunciados y los hechos, en este caso lo que siempre se enarbola como «la democracia sindical».
Hay gremios poderosos y con relaciones aceitadas con todos los gobiernos que les ponen el pie encima a aquellos que pretenden ser alternativa o, más aún, representar de manera más genuina los intereses de un sector de trabajadores.
Ello pasó con los «metrodelegados», aunque volvieron a quedar bajo el yugo de la UTA; los trabajadores informáticos, de peajes y hasta los camioneros de Santa Fe, lograron sus reconocimientos por sus tareas específicas o porque no se sintieron representados por sus entidades «madre».
Ahora los que siguen pulseando en pos de ese objetivo son los inspectores del trabajo, quienes confían en tener finalmente los mismos resultados que la gota que horada la piedra lentamente, aunque también son conscientes de que aún falta un importante trecho en su larga travesía.
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