Acompaña a Luis Tarullo:
Cada 36 horas una mujer es asesinada en la Argentina. Y la mayoría de los crímenes fue cometido por la pareja o la expareja de la víctima.
Así lo demuestra un estudio del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, que dio a conocer las cifras de femicidios y crímenes relacionados con ese flagelo en el país entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2021. El trabajo fue elaborado a partir de un relevamiento de medios gráficos y digitales de todo el país, explicó el organismo civil.
También se determinó que entre los femicidas hay al menos 16 miembros de fuerzas de seguridad.
Así, el Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven» estableció los siguientes datos:-1 femicidio cada 36 horas.-98 intentos de femicidio.-7 Transfemicidios/travesticidios -El 68% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas -El 62% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima-Femicidas: 11 policías, 4 militares y 1 gendarme-23 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 15 tenían medidas de protección-Al menos 103 niños perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2021. Los responsables del relevamiento precisaron que «del 1 de enero al 31 de julio de 2021 ocurrieron 142 femicidios, lo que representa 1 femicidio cada 36 horas este año».Y en julio se registraron 22 femicidios, lo que representa, explicó, «al menos 5 casos más que el mes anterior, indicador de que la problemática de género no está resuelta».
También destacó «los casos en los que las mujeres sufrieron intentos de femicidio, pero su agresor no pudo concretarlo», que fueron más de una decena por mes.
Sobre el vínculo de la víctima con el agresor se observa que en el 88% de los femicidios el agresor pertenecía al círculo íntimo de las víctimas. En el 42,3% de los casos los femicidas eran parejas de las víctimas y en el 26,1% ex parejas, «porcentajes que suelen estar presentes todos los meses y que vuelven a confirmar que es urgente transformar las formas en que nos vinculamos sexo afectivamente para construir relaciones igualitarias», dice.
Un dato a tener en cuenta por todas las partes involucradas, pero especialmente por las autoridades encargadas de hacer los seguimientos de las denuncias y de tomar las medidas de prevención es el lugar de ocurrencia de los hechos.
Por ello la ONG sostiene que «es necesario que esta variable se analice en conjunto con el lugar donde ocurrieron los femicidios en lo que va de 2021: el 62% de los casos registrados tuvieron lugar en la vivienda de la víctima, y en la mitad de estos femicidios la víctima convivía con el agresor, que suele ser su pareja».
«Aunque los femicidios en la vía pública no dejaron de suceder (21%), las víctimas de violencia machista están más expuestas en sus hogares con personas que conocen», añadió “Ahora Que Sí Nos Ven”.
En cuanto a las edades, se explicó que «en el 53% de los femicidios las víctimas tenían entre 21 y 40 años, cifra que coincide con el rango etario de los agresores en el que se sitúa la mayoría de los casos (38%)».Aunque el rango en que hubo menos víctimas de femicidios es el de menores de 20 años, en lo que va de 2021 hubo 11 casos.
La ONG demandó además «infancias libres de violencias, que tengan como única prioridad el juego y el aprendizaje». Y por ello exigió que «los contenidos de la Educación Sexual Integral se implementen en todo el país y todos los niveles educativos, no sólo para que se construyan nuevas formas de vincularse y conocer derechos, sino también para crear espacios de identificación de violencias y desigualdades, de escucha, charla y contención».
En cuanto a la Justicia, reseñó que hasta fin de julio de 2021 «el 16% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa a su femicidio y sólo el 11% tenía medidas de protección judiciales». Este dato habla de uno de los principales problemas de este drama, en cuanto a la complejidad del sistema, lo que se traduce además en demoras y trabas burocráticas. Ello sin contar con cuestiones más preocupantes como el desinterés que se muestra por este flagelo en algunos sectores o comunidades, incluso por cuestiones culturales. Justamente al respecto la ONG dice que «esto nos habla de las barreras que encuentran las mujeres cuando necesitan pedir ayuda. El proceso mediante el cual una víctima de violencia machista decide denunciar es sumamente complejo, si a ello se le suman el descreimiento, la revictimización y la culpabilización de parte de funcionarios judiciales y policiales, o sea la violencia institucional, esta complejidad se profundiza».
Y aquí asoma un punto también fundamental que debe ser abordado y resuelto de manera prioritaria y sin excepciones a esta altura de la historia y de lo que se considera, a veces de manera irreal, la «evolución» de la sociedad.
«La confianza en las instituciones judicial y policial es más difícil cuando no se dan medidas de protección efectivas, pero también cuando el agresor pertenece a las fuerzas de seguridad. Del 1 de enero al 31 de julio de 2021 de los 142 femicidios 16 fueron perpetrados por policías, militares y gendarmes, quienes tienen a disposición su arma reglamentaria las 24 horas del día», advirtió el trabajo.
En ese aspecto hay un ítem que es debatible, sobre la facultad o no del efectivo de portar el arma aún fuera de servicio, pero que de ninguna manera puede neutralizar la imperiosa necesidad de castigar a quien comete el femicidio, más aún si es poseedor de un uniforme que podría dotarlo de mayor impunidad.»Para derribar estas barreras y las complicidades machistas es vital que se cumpla con la Ley Micaela en estas instituciones y que se lleve a cabo una reforma judicial y de seguridad feminista, que rompa techos de cristal en su interior, que democratice sus prácticas y que impulse la perspectiva de género y de derechos humanos, con el objetivo de proteger a los grupos vulnerados y garantizar derechos», añadió la entidad civil al respecto.
En cuanto al género, también destacó que en lo que va de 2021 «se contabilizaron 7 travesticidios/transfemicidios. Sin embargo, esta cifra está subrrepresentada, dado que los medios de comunicación no reflejan estos casos» en su totalidad. «Es fundamental desde los medios visibilizar las violencias hacia el colectivo LGBTI+, nunca más desde la estigmatización sino desde una mirada de derechos», completó. Y advirtió que «es fundamental una transformación cultural, con el compromiso del Estado y la sociedad. Es nuestra responsabilidad exigir que se garanticen nuestros derechos, que se implementen las leyes Micaela, ESI, Cupo Laboral Travesti Trans, Equidad en los Medios, entre otras. No puede horrorizar un elemento para enseñar cómo ejercer nuestro derecho a vivir una vida sexual libre de violencias más que los femicidios, transfemicidios, travesticidios y las desapariciones de niñes y adolescentes. Es momento de cambiar de paradigma y abandonar la hipocresía».
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