Acompaña a Luis Tarullo:
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La Corte Suprema vuelve a encogerse. La escuálida formación de cinco miembros quedó reducida a cuatro, con tres jueces peronistas y uno radical, tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco, quien dimite con la edad límite (75 años) ya vencida, gracias a un salvoconducto emitido por el propio tribunal merced a una presentación del extinto ministro Carlos Fayt, cuando se resistió a irse del cuerpo.
Ese permiso para continuar favoreció la continuidad de su colega Enrique Petracchi, también fallecido, y posteriormente de Highton. Encima, además de la reducción, se produce otro fenómeno: ya no quedan mujeres en la Corte. La penúltima fue Carmen Argibay, igual que la ahora renunciante, designada en la era kirchnerista.
Ya comenzó, por supuesto, la ronda de intrigas y de nombres para reemplazar a la magistrada, en medio de las dudas acerca de cuándo se concretará la cobertura de la vacante.
Y también las especulaciones sobre los temas pendientes, su resolución y las eventuales posturas de los cuatros jueces que quedan: el nuevo presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Pero siempre queda pendiente el tema de la cantidad de integrantes de la Corte y su metodología de trabajo, incluidos los plazos, especialmente en las causas que demandan resolución más o menos inmediata.
Es al menos un acto de audacia empezar a discutir esta cuestión en estas circunstancias de alto voltaje, pero la Corte se presta también a este ajedrez, acostumbrada como está a moverse según los vientos de la política.
Vale recordar lo que ocurre en otros países con sus tribunales supremos, en todos los continentes. En Estados Unidos, desde 1869 la Corte tiene 9 miembros, mientras en España hay una Corte de 7 miembros y 74 magistrados, más la Audiencia Nacional con salas específicas; en Rusia existe una Corte Constitucional de 19 integrantes y un Tribunal Suprema de 115 jueces.
En Brasil tiene 11 miembros, la de Uruguay, 5: la Corte de Paraguay está compuesta por 9; la de Chile, 21, y la de Colombia, 23.
En la zona escandinava, Finlandia tiene una Corte de 19 integrantes, mientras en África, uno de sus principales países, Egipto, posee un tribunal supremo de 21 miembros.
Como en tantas otras cuestiones, la Argentina sigue siendo excepción. La Corte Suprema es una de ellas con respecto al concierto de las naciones. Los intereses en torno a ella no son pocos, incluidos los económicos. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene un presupuesto previsto para el año 2022 de casi 170 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 30 mil corresponden exclusivamente al funcionamiento de la Corte.
Además de los beneficios que tienen los jueces desde hace añares, como el no pago del Impuesto a las Ganancias, salvo para los que ingresaron desde 2017.
Parece que en este país no hay forma de entender ni de hacer entender que quizás el poder más importante es la Justicia. Porque una sociedad con una Justicia que funciona de manera desequilibrada, incorrecta o en algunos estamentos no lo hace, tampoco puede funcionar adecuadamente. Y, como es lógico, encima con una Corte corta en varios aspectos, son los miembros de la comunidad los que padecen lo que, al cabo, solo puede tener una definición: injusticia.
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