Acompaña a Luis Tarullo:
Los actuales y futuros conflictos en el mundo seguirán provocando desplazamientos de personas y aumentarán los ya existentes, con su retahíla de consecuencias sociales y económicas.
Los millones de personas que deben huir de sus países deben encontrar formas de subsistencia en sus nuevos destinos, entre las que obviamente se halla el trabajo.
Un informe indica que, para 2030, “la mayoría de las personas extremadamente pobres del mundo -entre las que se incluye una gran proporción de desplazados- vivirá en Estados frágiles y afectados por conflictos, por lo que la creación de empleo en estos entornos puede contribuir significativamente a abordar la pobreza”.
Paradójicamente puede suceder que el desplazamiento a gran escala “produce un efecto de expansión: hay más personas y más dinero en una misma zona geográfica”, señala Paolo Verme, economista principal del Banco Mundial.
Indica que “de acuerdo con las evidencias recogidas en un programa de investigación que él dirige, entre el 70 % y el 80 % de los resultados observados en diferentes países y contextos muestran que el efecto del desplazamiento forzado en el empleo o en los salarios de las comunidades receptoras es o bien positivo o no significativo”.
Asimismo, “en más del 50 % de los casos, los hogares de las comunidades receptoras exhiben resultados positivos en cuanto al bienestar, lo que indica que se benefician con la presencia de las personas desplazadas por la fuerza. Solo en una minoría de los casos se observaron efectos negativos en el mercado laboral”.
Esto también se observa en los países de ingreso alto y mediano. Por ejemplo, se indica que la afluencia de solicitantes de asilo en Alemania entre 2015 y 2016 “no perjudicó a los trabajadores del país”.
En cambio, en cinco años “muchos de ellos se habían integrado con mayor rapidez que en las oleadas anteriores, y es probable que el costo financiero que supuso para el Gobierno alemán se haya recuperado antes de lo previsto a través de los impuestos”.
Pero, por el contrario, la llegada de refugiados sirios a Turquía y la oleada de inmigrantes venezolanos a Ecuador perjudicaron a los trabajadores jóvenes con menor nivel de educación en ambas naciones, se señala en un artículo de Björn Gillsäter, jefe del Centro Conjunto de Datos sobre el Desplazamiento Forzado del ACNUR y el Banco Mundial,
Ello abre el interrogante acerca de cómo garantizar que los desplazados/ refugiados tengan oportunidades de trabajo y a la vez se mantengan las condiciones y fuentes de empleo para los nativos del país que recibe a esas personas.
Verme explica que “cuando se piensa en los ciudadanos de un país, los programas de fortalecimiento de las habilidades, como los de capacitación y educación, se consideran inversiones públicas. Cuando se piensa en las poblaciones desplazadas, se los considera un costo para el sector público. Debemos ver la educación de los desplazados como una inversión pública en capital humano”. Ello significa, entonces, cambiar radicalmente el paradigma en ese sentido, ya que se considera tradicionalmente a los desplazados como una carga.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que el 70 % de todos los refugiados viven en países que “restringen su derecho a trabajar”, indicó el BM. Y ello sucede “en al menos 30 países, lo que impide que las personas desplazadas por conflictos o violencia obtengan su propio sustento y aporten a las comunidades que los albergan”.
Por ello, destaca que “otorgar acceso legal al trabajo es una de las mejores maneras de incluir a las personas desplazadas por la fuerza en la sociedad y de maximizar su contribución a las comunidades receptoras”.
“A la luz de las evidencias ya citadas, sería sensato desde el punto de vista económico considerar su presencia como una oportunidad y no como un costo”, añade.
Para sustentar estas ideas se destacan algunos ejemplos. Como estimaciones del Fondo Monetario Internacional que señalan que para 2030 los millones de venezolanos que salieron de su país desde 2015 “pueden llegar a incrementar entre 2,5 y 4,5 puntos porcentuales el producto interno bruto (PIB) real de Perú, Colombia, Ecuador y Chile, en comparación con el valor de referencia sin la migración”.
“Esto pone de relieve que las políticas dirigidas a formalizar el trabajo de los migrantes, promoviendo la búsqueda de empleo y facilitando los ajustes del mercado laboral, son clave para transformar los desplazamientos a gran escala en un éxito económico”, se destaca.
También se resalta algo que, por obvio, siempre es necesario evaluar: en el caso de los refugiados, el empleo puede afectar positivamente su bienestar psicosocial.
Otro ejemplo: Ecuador, con medio millón de refugiados y migrantes, les da los mismos derechos que a sus ciudadanos, y se ejercen en los programas dirigidos por el Gobierno y vinculados con el mercado laboral.
“La inclusión de las personas desplazadas por la fuerza en el mercado laboral es una política de gran impacto que puede tener efectos positivos durante los próximos años, y posiblemente las próximas décadas”, se resalta.
En definitiva, se trata ni más ni menos de políticas de no discriminación, de equidad, de justicia social, más allá de las condiciones y la procedencia de las personas.
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