¿Será la pandemia del coronavirus la Gran Excusa Nacional para que toda la dirigencia argentina vuelva a postergar sine die reformas estructurales necesarias desde hace añares? Y cuando se dice toda la dirigencia es TODA. Política, empresarial, gremial y de la sociedad civil.
Los cambios son, como en el billar, a varias bandas. Y por eso involucra a esa amplia representación de los diversos sectores.
La reforma es plural: judicial, financiera, laboral y hasta de los andamiajes de las instituciones de cada área.
Ejemplos de postergación de esas modificaciones hay a carradas y en la Argentina el pie en el freno lo puso cada uno de los interesados en mantener su statu quo.
Pero en los últimos años se acentuó la necesidad de esas variantes de fondo, habida cuenta también de sucesos mundiales que se encadenaron y dejaron perimidas las estructuras de países que no se “aggiornaron” debidamente.
Esto no significa una promoción de eliminación o pérdidas de derechos, sino de adecuarlos a una realidad distinta que se aceleró de manera impresionante y hasta de crearlos.
El tema del coronavirus deja al desnudo de manera fenomenal ese nuevo panorama y uno de los ejemplos más potentes es la irrupción masiva del teletrabajo, que estaba avanzando globalmente aunque en muchos sectores de manera tímida.
Y la no adecuación a los nuevos tiempos puede terminar afectando severamente a las sociedades, aunque en la superficie parezca que no hay riesgos o, en todo caso, se pretenda minimizarlos.
El territorio de la Justicia es uno de los más paradigmáticos en este caleidoscopio, porque es un servicio social fundamental para el funcionamiento equilibrado personal y comunitario. Y, aunque sea una frase simple que se repite hasta el hartazgo, no hay otra hasta ahora que sea más demostrativa e irreemplazable: “La Justicia lenta no es Justicia”.
Por estas horas hay dos ejemplos claros de esa Justicia lenta, influida por la política, y que son lo suficientemente icónicos ya que involucran a representantes de las dos alianzas políticas argentinas más importantes.
En un caso está tremendamente demorado el inicio de juicios por supuesta corrupción a ex funcionarios y otras personas vinculadas al gobierno kirchnerista que estuvo en el poder hasta 2015 y no hay datos certeros sobre el comienzo, más allá de un debate que está en curso y cuyo fallo aún ni siquiera asoma en el horizonte.
En el otro, y en pleno curso, está la denuncia por supuesto espionaje contra la administración macrista de 2015-2019. Dos jueces federales de distinta jurisdicción (Marcelo Martínez de Giorgi, de la Capital Federal, y Federico Villena, de Lomas de Zamora) están actuando en sendas causas análogas y, como si fuera poco, un fiscal pidió que la investigación que fue la punta del ovillo en el expediente que está en la ciudad bonaerense pase al fuero federal porteño.
Como se sabe desde tiempos inmemoriales, todas estas diligencias les ponen frenos de pie y de mano a las causas y así se cumple inexorablemente aquel principio de la Justicia lenta. Y en muchas ocasiones, hay que insistir, todo afectado por los vaivenes políticos.
El inmenso paréntesis -y sus consecuencias- abiertos por el coronavirus asoma entonces como un nuevo argumento para postergar decisiones que no tienen relación directa con la pandemia. Y sabido es que la hora de los cambios que pueden alterar estados y situaciones sectoriales convenientes actúa como un reflejo condicional, y la dirigencia suele lanzarse sobre el plato de las excusas como el Perro de Pavlov.
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