La reforma judicial, prometida varias veces por diversos gobiernos, sigue en el arcón de las causas pendientes. Las diversas administraciones posaron sus manos en los tribunales pero no llevaron a cabo cambios de fondo, ya que el esqueleto que todos dicen que está en descomposición se mantuvo incólume.Los tribunales federales de Comodoro Py, en esta capital, uno de los puntos sensibles del Poder Judicial argentino, siguieron inconmovibles, con sus habitantes haciendo surf sobre las olas políticas, como quedó demostrado durante todos los tiempos, tanto en dictadura como en democracia.Tiene lógica en la lógica de cabotaje, toda vez que allí se dirimen las situaciones oscuras en las que están involucrados los funcionarios públicos y la mayoría de los magistrados se acostumbra a la comodidad de los mullidos sillones de sus juzgados.Sí hubo cambios de nombres y alguna que otra aislada destitución por juicio político, pero quienes debieron irse por la puerta ¿chica? tras ser denunciados por acciones irregulares terminaron renunciando antes que ser expulsados por su accionar presuntamente ilegal.Por estos días es el turno de Rodolfo Canicoba Corral, un “Highlander” de la justicia, cuyo pedido de juicio político es tratado por el Consejo de la Magistratura. Casualmente, ese juez veterano de muchas batallas, que tiene en sus manos una causa tan sensible –y hasta ahora símbolo de la impunidad- como la del atentado contra la AMIA (de 1994), accionó ahora en otra que podría extender su brazo hasta las cercanías del ex presidente Mauricio Macri.Se trata de una denuncia que imputa maniobras irregulares a una empresa española del grupo que maneja las principales autopistas urbanas, donde fue accionista una compañía que perteneció al Grupo Macri.Parece una jugada del destino que pocas horas antes de empezar a ser mirado con lupa por el Consejo de la Magistratura el juez diera nuevos bríos a ese expediente. Sin embargo en las cuestiones de este tipo no está la mano del destino, sino la de los hombres, indudablemente.Y he ahí otro de los puntos neurálgicos del cuerpo judicial que deberá ser revisado en una posible reforma: el Consejo de la Magistratura. Este organismo que analiza la conducta de los jueces, impulsa eventuales sanciones y propone magistrados para ocupar juzgados, fue víctima de manoseos, como cambios de cantidad de integrantes y, en consecuencia, de oscilaciones políticas.La Corte Suprema, por supuesto, no puede estar fuera del análisis de una eventual reforma, aunque seguirán los vicios tradicionales si los cambios solo se estancan en el número de miembros. Cinco, siete, nueve, etcétera, de nada servirá si no se plantean otras cuestiones esenciales, como el retorno al bajo perfil del máximo tribunal y el acortamiento de los eternos plazos (en muchos casos años) que tiene para adoptar una resolución. En realidad, la Corte no tiene plazos y otra de las excusas es que es un embudo al que todo el mundo acude cuando se agotan los recursos en otras instancias.Quizás sea tiempo de evaluar una ampliación de la cantidad de jueces cortesanos, sin caer en excesos, pero de una vez por todas otorgar a cada vocalía una incumbencia específica, como fuero Penal, Civil-Comercial, Contencioso, y demás. De esa manera se aliviaría el trabajo de la Corte en su conjunto e incluso de hecho se acortarían notablemente los plazos de los fallos.Hay algunas cuestiones que, debe admitirse, están avanzando, como el sistema acusatorio, con más responsabilidad para el Ministerio Público Fiscal, que se está implementando paulatinamente en las provincias. Lo mismo ocurre con el juicio por jurados. Pero hay que decir además que es un avance tardío que hizo perder un tiempo precioso a la dación de justicia, ya que esos mecanismos son mostrados desde otras latitudes y desde hace añares en películas en blanco y negro.Otra de las cuentas pendientes es la digitalización, que también prospera aunque de una manera todavía morosa. Un tema que suena a paradoja en un poder que busca la equidad fue saldado, al menos para el futuro: los privilegios impositivos de los jueces y otros funcionarios, específicamente la exención para el pago del Impuesto a las Ganancias.Desde hace un par de años empiezan a pagar los nuevos ingresantes a la justicia, pero la iniquidad que significó esa excepción -lo mismo que el cálculo del haber jubilatorio, también reformado- jamás podrán ser borrados de la lista de injusticias sociales.En suma, vuelve a abrirse un paréntesis para la instauración de una reforma judicial integral. Pero antes hay una tarea que hasta ahora fue utopía: que la política, por una vez, deje de ser el diablo que siempre mete la cola.
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