Alfredo Cornejo es diputado y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, luego de haber gobernado la provincia de Mendoza durante cuatro años. Unos días atrás hizo unas declaraciones con las que puso de manifiesto su disconformidad con el Gobierno nacional por considerar que su provincia estaba siendo discriminada en la asignación de recursos y en especial por un cambio de actitud respecto del financiamiento de la obra de Portezuelo del Viento, en la que los mendocinos depositan muchas esperanzas.
Tan acostumbrados estamos a prestarle más atención al “título gancho” que al verdadero contenido de la noticia, que la mayoría se detuvo en un supuesto pedido de independencia de Mendoza, como si quisiera convertirse en un estado independiente. Dejemos de lado una expresión que es poco más que una bravuconada y concentrémonos en lo central del reclamo. Un reclamo por una situación que, de tan obvia, la pasamos por alto sin darnos cuenta de lo absurda que es.
Desde hace 85 años en la Argentina existe un régimen que no puede ser más absurdo y contradictorio como su propia denominación. Nos referimos a la Coparticipación Federal de Impuestos, que con sucesivas modificaciones establece desde 1935 cómo se recaudan los impuestos nacionales y cómo se distribuye su recaudación entre las provincias. En la actualidad, se rige por los criterios de la ley 23.548, sancionada en enero de 1988.
No nos vamos a detener en analizar las características de la ley ni de cómo el contexto político en que fue sancionada generó gran parte de los problemas que hoy da lugar a los reclamos de Cornejo, entre otros dirigentes que no hablan en voz tan alta.
El ABC del federalismo fiscal, en todo el mundo, establece que las provincias o los estados tienen la facultad de fijar y recaudar sus propios impuestos. Y con ellos financiar sus gastos. Así lo dice la Constitución de 1853. Pero lo que ocurre es algo completamente diferente. En números gruesos, el Estado nacional recauda tres de cada cuatro pesos y las provincias el peso restante. No habría mayores problemas si con el gasto tuviéramos la misma relación. Pero eso no ocurre: las provincias gastan mucho más que lo que recaudan. Primero, porque hace 85 años resignaron parte de su potestad de recaudar en favor de la Nación. Y además, porque desde hace cuatro décadas que se hicieron cargo de la mayoría de los servicios de educación, salud, justicia y seguridad.
¿Y qué puede ocurrir, sino lo que cualquiera con dos dedos de frente puede suponer? Una dependencia fiscal y financiera. Que, en definitiva, se transforma en dependencia política. Porque más allá de que el régimen de Coparticipación Federal establece transferencias automáticas, hay billones de pesos que corresponden a las llamadas “transferencias discrecionales”, que el presidente de turno resuelve, precisamente, a discreción. Y una simple decisión tomada en Balcarce 50 puede representar la gloria o el infierno a miles de kilómetros.
Pasa con Alberto Fernández, pasó con Mauricio Macri y con todos los presidentes habidos y por haber, en tanto no se modifique un esquema perverso al que todos parecen haberse amoldado sin mayores inconvenientes.
Porque más allá del episodio entre Fernández y Cornejo, la solución nunca llegará en la medida que todo el país esté convencido de que el federalismo consiste en repartir los fondos desde Plaza de Mayo a todos los rincones del país.
En definitiva, el triunfo cultural de los unitarios fue habernos convencido de que ellos eran los federales.
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