La reforma judicial impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández está tan conversada como un partido de truco. Lo que ocurre es que este tema no es un juego de naipes, sino la esencia del origen de los equilibrios de una sociedad. Con solo pensar que la justicia aborda desde la concepción de las personas hasta la etapa post-mortem (por ejemplo las sucesiones y hasta la disposición de un cuerpo) está todo dicho.
Por eso cada paso a dar en esta materia debe ser pensado concienzudamente y las modificaciones que se produzcan tienen que contar con el mayor consenso posible.
Ello no ocurre en la Argentina, donde cada Gobierno esgrime su “reforma judicial” pero al fin de cuentas casi todo termina siendo iniciativa unilateral y lejana de los acuerdos requeridos.Vale destacar algunas excepciones, como la unificación de los códigos Civil y Comercial y el digesto jurídico que sintetizó y ordenó el plexo normativo del país. Para lo demás, la pelea está a la orden del día, sobre todo en estas épocas en las que la política está transitando los caminos de la judicialización y se van cruzando otros elementos de discordia donde cada sector puja por sus propios intereses.La reforma referida a la multiplicación de juzgados y el impulso del sistema acusatorio de manera generalizada está caminando (si se puede decir así) de manera lenta.Y mucho más morosamente promete desarrollarse el debate por otros cambios de fondo que van a estar a cargo del grupo de juristas conocido ya públicamente como “Comisión Beraldi”, por el nombre de uno de los especialistas que es ni más ni menos el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi. Una comisión en la que también hay evidentes desequilibrios en su perfil político, ya que de más de una decena de integrantes, los que abiertamente no comulgan con el Gobierno son solo Inés Weinberg de Roca (presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño) y el jurista Andrés Gil Domínguez. El resto, en mayor o menor medida, están ubicados entre los andariveles que cercan el ancho espacio del peronismo. Pero además, como el diablo siempre mete la cola, la discusión sobre la reforma se ve embarrada por otras cuestiones también relacionadas con las internas judiciales-políticas, como es el caso de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, destinados a la Cámara Federal por el Gobierno de Mauricio Macri a través de un decreto que argumentó la necesidad urgente de cubrir vacantes. El ahora oficialismo avanzó sobre la cuestión con el fundamento de que esas designaciones no pasaron por el Senado, pero la Corte Suprema había avalado esa medida justamente basada en la excepcionalidad del momento y de la necesidad de solucionar urgente ese problema. Y la Corte sigue enfrascada en la cuestión, porque los jueces apuntados le pidieron el per saltum y que falle a favor de su continuidad en la Cámara.
El balón va y viene desde el campo político hasta la sensible área del Palacio de Talcahuano 550, donde los jueces supremos asisten en esta instancia al match entre peronistas y macristas/radicales.Y así transita sus días la “bendita” reforma judicial, con el riesgo de terminar como un compendio de cambios que sirva solo a un sector, un mamotreto tipo Frankenstein o en nada. Ninguna de esas opciones recomendable, por cierto, por el bien de la sociedad.
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