Una cadena de situaciones que se van engarzando conforme pasan los días, en espera de las distintas habilitaciones para abordar la nueva normalidad, están comenzando a suceder en aquellos Consorcios que vislumbran probables conflictos y contrariedades de cara a sus economías post pandemia.
La ayuda ATP que el Gobierno extendió a los Consorcios para pagar los sueldos del personal de edificios dejó de ser un subsidio sin devolución. En Julio pasó a ser un crédito a tasa cero, que culminó con la resolución de otorgarlo con una tasa Tasa Nominal Anual (TNA) del 15%. Este jueves cierra la inscripción en AFIP para acceder a este auxilio estatal.
La novedad es que el ATP5 podría tornar parcial o totalmente en subsidio (vía condonación de cuotas), si los empleadores cumplen con las metas de empleo que fijará el Ministerio de Desarrollo Productivo, informan las Cámaras del sector. Es sólo una probabilidad.
Como subsidio fue bienvenido ya que sirvió para mitigar los gastos frente al panorama de morosidad. En versión crédito la situación cambió. El Administrador debe contar con aprobación de Asamblea para solicitarlo.
Y aquí se pone en discusión el equilibrio entre las necesidades financieras y la conveniencia de pedir. Sobre si la decisión crediticia puede recaer en el Consejo de Propietarios. Y para que no falte el condimento bien argento en la tenida el porqué de pedir la ayuda del Estado.
En el medio, el administrador que contaba con cuatro días hábiles para hacer el trámite web ante la AFIP. Nada de tiempo ni para asamblea virtual, menos presencial (si el Consorcio es numeroso) ni para consultas por whatsapp. Una propuesta de propietarios cuyo feedback, sabemos, suele caer en desvaríos dignos del stand up.
Esto en cuanto a las finanzas consorciales. Otro tema que preanuncia conflictos en catarata es el de las quejas por ruidos molestos. Un problema existente, generalmente satirizado, que suele acarrear efectos perjudiciales para la salud física y emocional de quienes las padecen.
Las salas transformadas en gimnasios, corridas de mobiliarios, sillazos, música altisonante, gritos e hiperactividad. Son hábitos de vida que algunos propietarios tienen incorporados sin darse cuenta de la molestia que sus acciones generan. La mayoría de los Consorcios, y si no es así deberían tenerlo, cuentan con un Reglamento Interno de Convivencia.
El rol del administrador sólo es el de recomendar el cese. Se trata de una relación entre particulares que debe ser zanjada por los protagonistas. La Ciudad cuenta con un Servicio de Mediación Comunitaria para dirimir estos conflictos con acuerdo de partes que, de no prosperar, pueden llegar a la Justicia. Es muy probable que las fiscalías se inunden de presentaciones.
Camino a la apertura de la cuarentena, los Consorcios que cuentan con Salón de Usos Múltiples (SUM), terrazas, parrillas y jardines, se aprestan a recuperar el uso de esos espacios comunes que aún no están permitidos.
“Estamos analizando el tema”, señaló el vicejefe, Diego Santilli. Una definición que, por ahora, pone un stand by oficial al reclamo de tantos propietarios, empujados por el hastío y los perfumes incipientes de la primavera.
En tanto, el Gobierno porteño emitió hoy la Disposición 4416/2020 por la que extendió hasta el 30 de este mes, inclusive, el mandato de los actuales administradores. Salvo que los propietarios consideren “impostergable la revocación y rendición de cuentas” y celebren una Asamblea con los recaudos preventivos establecidos. Un tema de próximo análisis en este mosaico arabesco de colores variopintos como la realidad que nos toca vivir.
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