Intendentes peronistas de la Tercera Sección intervienen ante la situación de, las interminables Tomas de tierras en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. Saben que el Presidente, quien aseguró que una Toma es ilegal, decidió fondos para esta problemática y para seguridad. Y pretenden que esos ingresos lleguen directamente a sus manos, que no pase por la Gobernación.
En el transcurso de un encuentro que mantuvieron en Presidente Perón, intendentes del Frente de Todos expresaron su «preocupación y repudio» ante los hechos denunciados, asegurando que no pueden tener “una mirada contemplativa con aquellos que utilizan la necesidad de la gente para llevar adelante sus negocios inescrupulosos”. “El Estado debe ser firme para poner un límite a quienes hacen de las desigualdades un negocio-dicen- condenamos rotundamente la ocupación ilegal de tierras y viviendas. Es un delito, y como tal la Justicia debe intervenir para hacer cumplir la Ley”, es lo que indicaron en un comunicado.
En el mismo sentido, agregaron que “la urbanización debe ser una política de Estado”, y expresaron que “es necesario trabajar en coordinación entre Nación, provincia y los municipios para facilitar el acceso al hábitat con viviendas dignas para el conjunto de la sociedad”.
“Desde el Estado Nacional y el Estado provincial se tiene que establecer una política clara para el desarrollo urbano, el hábitat y la construcción de viviendas para las familias que aún no cuentan con un lugar digno donde vivir”. Fuente: La Tecla
Bien, recibirán fondos, veremos si los utilizan como corresponde.
Han pedido una reunión con el gobernador Axel Kicillof para coordinar acciones, y afirman que buscarán concretar reuniones con legisladores provinciales para analizar la legislación actual y conocer las herramientas con las que cuentan para enfrentar el problema. Y este es el punto;
Deberían aprovechar esa oportunidad para pedirle a los Legisladores y explicarles que el Decreto que impide “desalojos por el tema Pandemia, hasta el 30 de septiembre”, no es para Ocupas, a quienes defienden “una sarta de abogados Caranchos haciendo sus propios negocios”, sino que esa letra escrita habla de impedir el desalojo a quien en la emergencia no ha podido pagar el alquiler o el vencimiento de su propiedad tras haberla comprado. No es para ocupas.
Entre los Intendentes se leen los nombres de Fernando Espinoza (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Mayra Mendoza (Quilmes), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Juan Patricio Mussi (Berazategui), entre otros.
Como sugerencia, Gobierno y Provincia de Buenos Aires deben actuar cuanto antes. Y un fiscal de oficio debe involucrarse en cada Toma, como la de Guernica por ejemplo en la Pcia de Buenos Aires, la más grande de las Tomas, (¿Qué hizo la intendenta entonces?), o Villa Mascardi en Rio Negro. En Pinamar se da un caso diferente, donde ya ocupan casa de veraneo, razón por la que el intendente Martín Yeza pidió la destitución del Fiscal Eduardo Elizarraga, a cargo de la Fiscalía Descentralizada N°5 con competencia en casos de usurpaciones, estafas y defraudaciones, por su inmovilidad ante usurpaciones en la ciudad. Una denuncia del propio intendente contra un fiscal que parece estar a favor de las Tomas. Si son ministerio público están obligados a representarnos, independientemente de familias enteras que en verdad están sin vivienda. El Ocupa no solo procede ilegalmente, es oportunista y hay grandes negociados de por medio. Pocos intendentes proceden con la velocidad necesaria, como en Victoria, San Fernando.
No estaría de más que un fiscal cite al señor Grabois por sus declaraciones. Carezco de imaginación para poder entender cómo no lo convoca la Justicia. Juan Grabois está envuelto en otra polémica por el diseño de una aplicación para celulares que “avisa” donde hay casas o terrenos disponibles para la expropiación en CABA. El proyecto pertenece al Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Movimiento Popular La Dignidad y la ONG Destapiadas.org, y cuenta con un registro de las 90 mil viviendas porteñas que, según sus estimaciones, estaban desocupadas. (Fuentes; La Tecla, Alerta 140, Urgente 24 y unos cuantos Medios más).
Espero algún fiscal cite al señor Grabois.
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