Acompaña a Luis Tarullo:
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Amy Coney Barrett
«Los tribunales tienen la responsabilidad vital de hacer cumplir el Estado de derecho, que es fundamental para una sociedad libre, pero no están diseñados para resolver todos los problemas o corregir todos los errores de nuestra vida pública».
«Las decisiones políticas y los juicios de valor del Gobierno deben ser tomados por los poderes políticos elegidos por el pueblo y responsables ante él. El público no debe esperar que los tribunales lo hagan, y los tribunales no deben intentarlo».
“Un juez debe aplicar la ley tal como está escrita, no como el juez desea que sea”.
Son algunos de los conceptos expresados recientemente por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, candidata a la Corte de Estados Unidos propuesta por Donald Trump.
Lo de conservadora es para determinar su acercamiento al Partido Republicano, pero si se obviara tal caracterización podría inferirse que, visto con ojos argentinos, parece no haber pensamiento más progresista en materia jurídico-política.
Seguramente no serían muchos los jueces, al menos los que tienen en sus manos causas relacionadas con el poder, que podrían hacer suyos tales argumentos.
La Argentina es un claro ejemplo de la simbiosis entre los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, cualesquiera que sean los habitantes transitorios o permanentes de esos ámbitos.
Los tiempos actuales no son la excepción, y un claro ejemplo es la demora registrada en las decisiones sobre los jueces cuyos traslados dispuestos por Mauricio Macri fueron revocados por el oficialismo en el Senado (con el impulso del Gobierno) y en la resolución de la demanda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el recorte de fondos que le propinó la administración de Alberto Fernández.
En ambos casos se interpone la negociación política, ante la cual se produce la consecuente especulación de los jueces supremos.
En el tema de los jueces, los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli entraron en un limbo con ropaje de licencia hasta la resolución definitiva, pero a la vez el Senado ratificó en sus cargos a otras juezas trasladadas, que estarían, en teoría, en la misma situación que sus colegas.
Hay un punto a resaltar para entender la distinta vara con la que se miden los casos. Zunilda Niremperger (Chaco) y Verónica Skanata (Misiones) ocupan juzgados con competencia electoral. Y se sabe del carácter estratégico de ese fuero a la hora de reconocimientos, homologaciones, rechazos, y otras medidas relacionadas con los comicios en los momentos decisivos.
Si hay espejos en los que mirarse, ellos son la poderosa y eterna María Servini y el extinto Manuel Blanco (el histórico juez electoral bonaerense que murió casi ejerciendo el cargo, después de haber trascendido a varios gobiernos y partidos políticos “pesados”, como lo suelen ser los de la Provincia.
De la lista de jueces cuestionados por el oficialismo cayeron los que más “molestaban”, como los camaristas federales Bruglia y Bertuzzi, amén de Castelli, declaradamente opositor.
Pero aún queda una lista importante pendiente de definición de parte del Senado, entre ellos el ex camarista federal Eduardo Farah, un juez que comulgó con sus fallos con el peronismo/ kirchnerismo y pidió oportunamente el pase cuando lo tenía apuntado el macrismo, después de haber avalado la liberación de Cristóbal López.
Y ahora, si se decide removerlo del tribunal al que fue a parar en su momento, no debe leerse de antemano como un castigo, pues si se dispone que retorne a su tribunal de origen, deberá volver a la…Cámara Federal (¿Voto para el oficialismo a futuro?).
El otro tema sobre el que la Corte también ejercita slalom es la demanda de Horacio Rodríguez Larreta por el recorte de fondos. Pero visto y considerando la relación entre el alcalde, Fernández y el gobernador Axel Kicillof en el marco de la pandemia, no es descabellado pensar que hay otro tipo de negociaciones para resolver ese tema en un ámbito extrajudicial.
De tal manera, volviendo a las expresiones de la jueza estadounidense, podría interpretarse a priori que la Corte vernácula cumple a rajatablas ese principio de que los tribunales no pueden resolver todos los problemas de la gente.
Pero la diferencia es la extrema judicialización que se ha producido en la Argentina, donde la Corte es el reservorio de causas de todo pelaje y color (a lo que se suma ahora el riesgo de un festival de pedidos de per saltum, después de haber accedido a la petición de los camaristas) y, en paralelo, el “tiempismo” de ese mismo máximo tribunal, que alterna -tácita o explícitamente- el manejo de las situaciones con el poder político.
Y, mientras, el camino queda sembrado de dudas acerca de si, al final, surgirá pleno el equilibrio que la justicia debe otorgar a la sociedad o si alumbrarán fallos “fallados” y “fallidos”.
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