Desde que el gobernador Mariano Arcioni anunció su intención de avanzar, a espaldas del pueblo, en la zonificación de la megaminería metalífera y radioactiva con el Proyecto Navidad en la meseta chubutense. El rechazo popular se hizo notar en cada una de las localidades de Chubut, desde la cordillera a la costa.
Estas palabras que enuncia Arcioni, sobre la meseta como la zona más “postergada”, es muy contradictoria. Ya que es el Estado mismo el que abandonó a esas poblaciones y dejó paso a que las empresas mineras cumplan la función delegada por el Estado, desarrollando tareas de lobby empresarial y supuesto asistencialismo a distintos sectores de las comunidades. Pese a todo ese esfuerzo, aún el rechazo popular en esas comunidades es mayoritario. Además, el gobernador parece faltarle el respeto a las comunidades que en plena pandemia, impulsaron un proyecto de Ley sobre la Segunda Iniciativa Popular, con más de 30.000 firmas.
Además de la crisis social y económica en la que el gobierno provincial sumergió a la provincia, a través de una deuda millonaria contraída en dólares y el fraude en la gestión pública. Es el mismo gobierno el que pretende instalar la idea de que el extractivismo minero es la única salida a una crisis generada por el mismo sector político.
Mariano Arcioni se reunió en lo que va del año, unas siete veces de forma secreta con funcionarios y empresarios mineros, según el testimonio de Alberto Hensel, Secretario de Minería de la Nación y ex ministro de Minería de San Juan. Hasta que al fin, el 5 de noviembre Mariano Arcioni se sacó la careta y sin escrúpulos, expresó públicamente sus intenciones de avanzar en la zonificación.
A raíz de estas preocupantes declaraciones, las comunidades y las ciudades de la costa, de la meseta y de la zona cordillerana chubutense, se movilizaron en defensa del único Río que cruza transversalmente la provincia.
El 6 de noviembre, un día después de estas declaraciones, el estado de alerta máxima se tradujo en marchas multitudinarias y simultáneas en todos los puntos de la provincia. Desde la cordillera a la costa, las comunidades se movilizaron por la posibilidad de que en los próximos días, entre sobre tablas un proyecto de zonificación a la Legislatura provincial en la ciudad de Rawson.
La consigna fue clara: La minería no tiene licencia social y la meseta no es zona de sacrificio.
A este ciclo de movilizaciones le siguieron asambleas multisectoriales para acordar distintas medidas de acción, cortes de ruta en horario de sesión legislativa, marchas y convocatorias.
El pasado 11 de octubre, en la ciudad de Esquel se llevó a cabo una marcha de antorchas que dejó postales del contundente rechazo. Miles de personas, marcharon, al ritmo de tambores, aplausos, y el grito popular que desde hace 18 años resiste a este modelo neocolonial.
Pero la protesta social incomoda y presiona, es por eso que desde los medios gráficos con mayor pauta oficial como Diario el Chubut, y Diario Jornada, aparecieron términos como “ecoterroristas” o “asambleístas extremistas”, para referirse a quienes se oponen a la megaminería. Esta maniobra mediática, de criminalizar la protesta social ya es por demás conocida desde este tipo de medios.
Paralelamente a estas notas, fueron realizados varios allanamientos arbitrarios el pasado jueves 12 por la tarde, comandados por el Ministro de Seguridad Federico Massoni, y bajo exclusivas ordenes del juez Fabio Monti, quien manifestó que “tienen identificadas a 11 personas que van a ir a buscar no por su manifestación”, sino por supuestos ataques al edificio de la Legislatura el pasado martes.
Una maniobra más, para criminalizar y perseguir a quienes reivindican las luchas socioambientales. Luego de multitudinarias movilizaciones que trascendieron hasta internacionalmente, el gobierno chubutense se lanzó a la caza de integrantes de asambleas por incidentes en la Casa de Gobierno. La reproducción del discurso de gatillo fácil, y la demonización de estos sectores ya es una operación conocida: la de construir una minoría, radicalizada, violenta, a fines de justificar la represión institucional y la vulneración de los derechos humanos legitimadas por maniobras mediáticas de medios hegemónicos, tal y como sucedió y sucede actualmente, con la demonización del Pueblo Mapuche al sur de nuestro país.
Lamentablemente este asunto de criminalización y represión no es solamente un discurso: el pasado 11 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial una especie de resolución interna que habilita a las fuerzas de seguridad el uso de armas de fuego, si así lo ameritase. Leo solamente el Artículo 2 del mismo: “Se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, en los siguientes casos: a)En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves b)Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integralidad física de las personas c)Para poder proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad d)Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención. Este último comunicado es alarmante, ya que habilita y justifica la doctrina del “gatillo fácil” y el uso de armas de fuego por parte de la policía provincial, instaurando el peor de los escenarios de violencia institucional y “gatillo fácil”, muy similar a lo que quiso proclamar Patricia Bullrich con la Ley Chocobar.
Aún restan 5 sesiones para que termine el año legislativo en Chubut y las mismas son el 24, y 26 de noviembre, el martes 1, 3 y 10 de diciembre. Por lo que sostenemos, que la movilización popular y el estado de alerta se sostendrá hasta fin de año, para demostrar, que el Proyecto Navidad ni el avasallamiento de Arcioni, tienen ni tendrán de ninguna manera licencia social.
Crédito Imagen Mil Patagonias.
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