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Acompaña a Luis Tarullo:
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Quizás la mayoría de la sociedad, salvo los propios habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y aquellas personas politizadas, especialmente las que están soldadas a uno y otro lado de la grieta, ignore qué ocurre con la coparticipación de la Capital Federal. O directamente no le interese.
Pero lo cierto es que, como tantos otros temas de trascendencia institucional, el manejo de los fondos de las provincias y su eterna dependencia del Gobierno central es una cuestión que cuando estalla lanza sus esquirlas hacia todos lados.
Y en determinadas situaciones el problema escala hasta llegar a la cima de los lugares donde deben tomarse decisiones cruciales y por ende determinantes.
En este caso la cuestión ascendió hasta la Corte Suprema de Justicia nacional, cumpliendo con la ya aparentemente establecida tradición de judicializar la política.
La administración de Horacio Rodríguez Larreta acudió a la Corte dos veces en menos de tres meses. La primera presentación con un pedido de cautelar para neutralizar la acción del Gobierno nacional, que dispuso redireccionar los fondos en favor de la provincia de Buenos Aires, y la segunda fue un requerimiento de inconstitucionalidad de la ley impulsada por el justicialismo gobernante.
“La Ley, al consolidar la reducción del coeficiente de coparticipación y establecer la transferencia de un monto de solo $24.500 millones a cuenta para el financiamiento de la seguridad interior no federal en la Ciudad de Buenos Aires, agrava aún más la situación y obliga a la Ciudad a adoptar medidas para paliar parcialmente y en forma transitoria el desfinanciamiento producido por estas medidas”, dijo esta segunda presentación en uno de sus tramos.
Agregó que “la Ley vulnera principios y garantías constitucionales, en abierta violación al federalismo de concertación que debe primar las relaciones entre el Estado Nacional, las Provincias y la CABA”.
La norma, añadió el GCBA, “atenta contra la autonomía de la CABA y deja de lado de manera unilateral acuerdos preexistentes, que estaban consolidados y se estaban ejecutando”.
En el Gobierno porteño estiman que la suma que se dispone transferir como pago a cuenta para la seguridad cubriría el 27,9% de la partida total en el Presupuesto y el 40% del gasto en Personal proyectado.
Voceros indicaron que hasta el 10 de diciembre la administración capitalina ha dejado de percibir la suma de alrededor de $ 11 mil millones y que la aplicación de la ley promovida por el Gobierno nacional implica para el año 2021 una caída de unos $ 65 mil millones.
Lo que ocurre es que la Corte ha maniobrado políticamente con este tema, como con muchos otros, y no se espera un cambio de timón brusco a esta altura.
En la primera presentación dejó que fluyeran los acontecimientos políticos entre Rodríguez Larreta y Alberto Fernández y tan solo se expidió la Procuración en el sentido de la competencia de la Corte sobre esta cuestión. Una obviedad.
Evidentemente los jueces del máximo tribunal esperaron para ver cómo se desarrollaban los hechos cuando se concretara el recorte presupuestario, y ahora, sin expedirse en aquella primera instancia, aparecen nuevamente como protagonistas.
Podría haber una salida como la que se dispuso para María Eugenia Vidal cuando reclamó que le devolvieran una montaña de plata. Claro que había una diferencia central: el pleito era entre gobiernos del mismo signo.
Acá la pelea se irá tornando más virulenta en la medida en que se acerquen las elecciones legislativas 2021 y crezcan las simpatías en torno al alcalde porteño como aspirante a la Presidencia para suceder a Fernández, aunque sabido es que para esto falta mucho aún.
La política seguirá con su derrotero habitual, incluso trascendiendo los límites institucionales a riesgo de invadir la división de poderes, pero es una escena a la cual la Argentina se ha acostumbrado en los últimos años.
La mira deberá estar puesta en la Corte, a la que se le pide intervención para que resuelva cosas que debería aclarar la política. Hasta ahí sería la teoría del mensajero y por ello no deberían ser apuntados los máximos magistrados. El problema es cuando el mensajero se ve tentado a abrir las cartas y así convertirse en parte del problema.
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