La Diputada Ximena García presentó un pedido de informe por los incumplimientos de Santiago del Estero a la cuota hídrica del Río Salado.
Una nueva disminución en el caudal del Río Salado vuelve a ser el foco de atención por alcanzar niveles bajísimos que se suman a la escasez de precipitaciones de los últimos ocho meses y a las altas temperaturas. Lo preocupante es que esta merma en el tramo del río Salado comprendido entre la zona de Colonia Dora (Santiago del Estero) – Tostado (Santa Fe), ajena a causas naturales, es producida por la excesiva retención de agua en el azud “La Niveladora”, y por las extracciones clandestinas generadas por bombas que operan en territorio Santiagueño.
A mediados de noviembre, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, realizó una campaña de mediciones en las tres provincias involucradas, constatando un aumento de los caudales en el límite de Salta y Santiago del Estero, y una importante reducción de caudales en el tramo del río Salado. “En el límite interprovincial entre Santiago del Estero y Santa Fe se registraron caudales de 1,02 m³/s, y de 0,68 m³/s aguas abajo del Azud de Tostado. Estos niveles provocados en gran parte por presencia de una bomba de extracción de alta potencia, y alrededor de 44 tomas puntuales, según constató el gobierno de la Prov. de Santa Fe, dificultan la preservación de los recursos naturales de la región, y ponen en peligro el abastecimiento de agua potable para la población”, señaló la diputada.
Los informes de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, estiman que si esta situación no es revertida a la brevedad podrían ocasionar problemas serios para la Prov. de Santa Fe. «El norte santafesino está peligro ya que existe el riesgo de que se produzca un agotamiento de la reserva de agua para tratamiento en el Departamento Nueve de Julio, desabasteciendo este importante recurso a las localidades de Tostados, Pozo Borrado, San Bernardo y Villa Minetti entre muchas otras. Ante inquietudes de los referentes de la zona, nos contactamos con Omar Verwimp, presidente de la Cooperativa de Agua Potable de Tostado, y con organizaciones de la sociedad civil para tomar conocimiento de la situación, acompañar sus reclamos ante el gobierno provincial, y pedir los informes correspondientes al poder ejecutivo nacional”, afirmó la Diputada García.
El conflicto está protagonizado por las provincias que forman parte del Comité de Cuenca del Río Juramento-Salado, cuyo rol primordial radica en la distribución de los caudales entre las provincias de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe, el control de los procesos de erosión y sedimentación, el aumento de la eficiencia en el uso del agua, la prevención los daños causados por inundaciones, la búsqueda de acuerdo entre las jurisdicciones, y la realización de obras que permiten mejorar la eficiencia en el uso del agua.
Como dato importante, cabe destacar que a través de un convenio que rige desde el año 1998 el Comité determinó que la provincia de Santa Fe no puede recibir menos de 3 m³/s, cuantía a la que hoy no se está llegando, por presuntos incumplimientos de las prov. de Salta y Santiago del Estero.
La legisladora se mostró interesada en el rol que está tomando la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación como miembro del Comité de la Cuenca del río Juramento – Salado. “Creemos que la reglamentación a la Ley 28.688 de Gestión Ambiental del Agua, pendiente desde el año 2002, es una falencia muy grave, ya que no define la responsabilidad que tiene el Estado Nacional en los conflictos interjurisdiccionales como el que estamos atravesando, y que sistemáticamente se repite con cada sequía”, destacó.
Y concluyó: “Este estado de cosas nos hace presumir que se está perpetrando un grave incumplimiento por parte de la vecina prov. de Santiago del Estero que podría quedar exenta de responsabilidades si los representantes del gobierno nacional y provincial no garantizan el cumplimiento de los derechos colectivos consagrados en el artículo 41 de la Constitución Nacional, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
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