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Acompaña a Luis Tarullo:
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La reforma judicial pretendida por el Gobierno nacional recuperó vigencia en pleno verano y en feria, con la versión de un plan sobre la creación de un tribunal previo a la Corte Suprema para decidir sobre los recursos que deben llegar al máximo cuerpo de Justicia.
De acuerdo con los trascendidos, estaría centrado básicamente en las presentaciones relacionadas con causas de presunta corrupción, punto sobre el cual se desarrollan las principales polémicas.
Este proyecto, el primero que se impulsaría del paquete de reformas elevado por el Consejo Consultivo ad hoc al presidente Alberto Fernández, podría ser remitido al Congreso para su aprobación.
Acá aparece el primer escollo, pues mientras desde el oficialismo consideran que el paso por el Parlamento es suficiente, otros sectores, especialmente de la oposición, sostienen que ese plan es inconstitucional y que para que ese cuerpo pueda incorporarse al esquema judicial debería reformarse la Carta Magna.
Esta cuestión podría ser interpretada como el eje central de la discusión, y por cierto que lo es. Pero viene precedida de otros interrogantes, como si el oficialismo pretenderá, a través de este nuevo tribunal, neutralizar y hasta anular las causas de presunta corrupción en las que están involucradas figuras del kirchnerismo, incluida la propia vicepresidenta Cristina Fernández.
Es cierto que la Corte Suprema muestra muchas veces una morosidad exasperante en temas centrales y se refugia en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para rechazar recursos que considera que no son materia de su análisis o no implican trascendencia o gravedad institucional.
Sucede que no es una simple cuestión técnica. Esgrimir ese artículo significa por oposición ratificar la medida que es apelada ante el máximo tribunal. Ello ocurrió, por ejemplo, con la condena por el caso Ciccone al exvicepresidente Amado Boudou, quien por aplicación de ese mecanismo fracasó en su intento por revertir esa sentencia.
Ese posible tribunal intermedio actuaría, según la ocasión, como filtro que condicionaría a la Corte, sostienen los detractores de la iniciativa. Del otro lado, voces oficialistas consideran y ponen como ejemplo que la petición de Boudou debería haber sido analizada y no desechada como sucedió para que haya justicia efectiva.
También se evalúa en el mundo político no oficialista si este plan forma parte de una idea más profunda de ir cercando al actual máximo tribunal y licuarle su poder, ante la imposibilidad de provocar cambios en su seno.
Parecería, en rigor, que ni la aparente mayoría del grupo “peronista” de la Corte (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti) conforman ya al actual Gobierno. Quien lo exteriorizó fue justamente la vicepresidenta de la Nación.
Otro punto a contemplar es que, en realidad, en la Corte, con esta y con sus composiciones anteriores, se hizo carne la costumbre de los fallos “salomónicos” -en los que muchas veces el tiempo, o sea las demoras irritantes para el dictado de un fallo, tiene un rol importante- que muchas veces no satisfacen al oficialismo de turno sino a los propios ministros del tribunal.
En este marco habría que poner con más ahínco el “elemento Corte” en el tapete del debate. Pues hay circunstancias a las que se llega merced a la actitud de los propios miembros del cuerpo supremo.
Hay que resaltar también que en numerosas ocasiones el tribunal suele adoptar resoluciones que la política no define.
Pero a la vez la Corte hizo en los últimos años, en el marco de sus incumbencias, reformas que no pasaron de ser formalidades y maquillajes y, aunque parezca lo contrario, dejaron el campo libre para la acción de la política.
Es indudable que los jueces -todos, pero especialmente los que tienen las máximas jerarquías en la escala judicial-, por esa especial tentación por la supervivencia perenne, también se mueven en términos y tiempos políticos y no pueden ni deben eludir su responsabilidad sobre las derivaciones y consecuencias de sus propias acciones.
Crédito Imagen portada La Voz.
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