Acompaña a Luis Tarullo:
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El proyecto sobre el Impuesto a las Ganancias que exime del pago de ese tributo a más de 1.200.000 asalariados consiguió el respaldo casi unánime de la Cámara de Diputados y ya está en los despachos de los senadores. Más allá de los cortocircuitos y los discursos altisonantes de ocasión de uno y otro lado, la iniciativa tuvo los votos de casi toda la Cámara baja. A partir de los puntos aprobados para aliviar esa carga, es de esperarse que el Senado no empiece a tachar aspectos que son vitales e implican equidad, y también que no haya sorpresas en la reglamentación una vez que sea ley promulgada. En principio habrían sido contemplados las diversas aristas del impuesto que es un implacable devorador de ingresos desde hace largos años. Pero el proyecto aprobado, aunque importante, es apenas una parte de la solución a los problemas que padecen todos los que en la Argentina tienen un ingreso relacionado con su trabajo, cualquiera sea su nivel económico. El mismo impuesto ahora abordado tiene una denominación anacrónica, que no solo es una cuestión de forma, ya que encierra un concepto permanentemente cuestionado: el salario o cualquier tipo de haber producto de una labor no es ganancia. O sea que, si se parte de concepciones erróneas, todo lo que viene después sigue por ese camino equivocado. Lo cual no exime de responsabilidad a los poderes que impulsan e imponen esos tributos, ya que siendo conscientes de esa situación avanzan igual con el fin de engrosar las arcas públicas. Entre los argumentos de esta nueva reforma se sostiene que la idea es generar un círculo virtuoso mediante el cual el dinero adicional que la gente pueda tener en sus bolsillos merced a esta exención volvería a la rueda del consumo. Se verá con el tiempo, indudablemente.
Pero con respecto al universo impositivo, la realidad demanda abordajes más amplios y radicales. En primer lugar, hay un sector, el de los trabajadores autónomos, que sigue sufriendo el ataque voraz del actual esquema tributario. Y luego hay impuestos prácticamente antediluvianos, no por su existencia en sí, sino por el carácter regresivo que tienen en la aplicación de algunos patrimonios. Como Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos. Este último impuesto, aunque parezca mentira, tiene vigencia desde hace 256 años, cuando Inglaterra lo estableció para sus colonias (también conocido como Ley de Timbre o Stamp Act). Luego fue adquiriendo nuevos matices y ropajes para ser enmascarado, pero el concepto primigenio se mantiene desde entonces. Y la resistencia a él también, como lo hicieron los súbditos de la corona británica desde 1765.Esos gravámenes, que a esta altura se aplican de manera indiscriminada, dando por sentado que los ciudadanos tienen, prácticamente todos, una capacidad económica similar, merecen una urgente rediscusión. Pero evidentemente las necesidades de cubrir déficits y gastos públicos parecen ser justificativos suficientes para su aplicación.
Y en definitiva los sectores más poderosos, tanto en el ámbito estatal como en el privado, son los que consiguen los réditos de este esquema, por lo que los menos pudientes y los que ponen el mayor esfuerzo en la economía sufren las consecuencias. Por ello, ningún discurso o argumento, cualquiera sea su color político, puede afirmar que ya se logró la panacea ni negar entonces que es solo un primer paso.
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