Acompaña a Luis Tarullo:
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«Ha pasado un año desde que escribí mi nota, pero debería de haberlo sabido desde el principio», dice de manera desesperada la letra de la mítica canción «Mensaje en una botella», de la también mítica banda The Police.
La figura podría adaptarse al aquelarre judicial que rodea al DNU presidencial que dispuso, entre otras restricciones, la suspensión de las clases presenciales ante la nueva ola del coronavirus.
Después de la presentación del Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta cuestionando la constitucionalidad de la medida, se produjo un tsunami judicial de jurisdicciones y fueros.
El tribunal originario es la Corte Suprema, pero organizaciones particulares demandaron a la vez la intervención de la justicia de la Capital Federal, que se expidió reivindicando su competencia; la réplica del Gobierno nacional se dio a través de la justicia federal, que también atrajo el caso para sí, y, como en el caso porteño, a través del fuero Contencioso Administrativo. Y como si fuera poco, se sumó el fuero Penal, debido a denuncias cruzadas por la supuesta comisión de delitos, según las consideraciones de las partes.
A la vez, los diversos tribunales utilizaron herramientas que dilatan las resoluciones y que tácitamente dejan en manos de la política la búsqueda de solución a este problema, como tantos otros.
Al final, el tiempo pasa, las situaciones cuestionadas tienen fecha de vencimiento y los fallos pueden terminar siendo prácticamente abstractos, o sea papel inútil. Podría considerarse que, aunque tarde, esas resoluciones implican antecedentes, pero al fin y al cabo lo serían para cuestiones posteriores, y no para la que demanda el momento.
Y, además, pueden surgir decisiones de las llamadas «salomónicas», a las que se apela para tratar de ser ecuánimes con las partes en disputa pero que no por ello son sinónimo de justicia.
En estos movimientos que en los últimos años se han convertido en moneda corriente, tienen responsabilidad los tres poderes del Estado en todas sus versiones. El Ejecutivo y el Judicial aparecen como caras visibles, pero el Legislativo no puede sacarle el cuerpo al tema porque justamente es el encargado de sancionar y modificar las leyes en muchos aspectos que al menos agilizarían la situación, como la imposición de tiempos concretos para la emisión de fallos, muy especialmente en el caso de la Corte, que en la mayoría de los casos no está urgida por ningún tiempo para firmar sus resoluciones.
Y la situación adquiere más importancia porque los jueces y otros funcionarios protagonistas de los tribunales también se han puesto duchos en eso de los «tiempos políticos». Por ello, al cabo, está la sensación de que todas las partes involucradas deciden, utilizando la maraña normativa, introducir sus responsabilidades en una botella y dejar que el mar de las pulseadas, las oportunidades y las conveniencias políticas decida cuándo llega a la costa.
Crédito Portada EITB.
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