Acompaña a Luis Tarullo:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y avaló su «autonomía» en la demanda contra el decreto presidencial que suspendió la presencialidad en las clases.
El máximo tribunal sostuvo que el artículo 2 del DNU 241/21 firmado por Alberto Fernández «violó la autonomía de la ciudad», al hacer referencia a esa norma, que caducó el 30 de abril.
La resolución de la Corte elude pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto y de hecho es abstracta con respecto a ese DNU, aunque establece un precedente para futuras medidas.
Si el Gobierno porteño quiere seguir objetando las medidas oficiales debería ahora atacar el nuevo DNU que dispuso más medidas restrictivas hasta el 21 de mayo, aunque en ese decreto hay una postura más flexible acerca de la libertad de las distintas jurisdicciones para tomar sus propias decisiones.
La Corte dejó pasar los 15 días que duró el decreto de la polémica amparada en una serie de cuestiones procesales, como pedir los informes respectivos al Gobierno nacional, obviamente esperando una resolución de parte del poder político.
En el medio se sucedieron reuniones de los diversos gobiernos que desembocaron en el nuevo DNU, con contenido aparentemente más conciliador. De hecho, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidió en adoptar, para la nueva etapa, la mayoría de las medidas generales, aunque manteniendo su posición sobre el dictado de clases presenciales.
Igualmente, anunció un mix de presencialidad y virtualidad en el nivel secundario y evitó polemizar con el presidente Alberto Fernández, destacando el diálogo para buscar soluciones conjuntas.
Prima facie, el fallo de la Corte permite observar que tiene cierto contenido «salomónico», como lo hace habitualmente en las disputas del poder político, ya que, si bien avaló la autonomía de la Ciudad y, en consecuencia, el tema de la presencialidad, no dictó la inconstitucionalidad del DNU que pretendía la administración capitalina.
«Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes», consignó el fallo firmado por cuatro de los cinco ministros de la Corte, quienes se expidieron con distintos argumentos.
La resolución fue firmada por Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, mientras que se excusó de intervenir la vice del tribunal, Elena Highton de Nolasco.
El Poder Ejecutivo emitió días pasados un nuevo DNU, el 287/2021, que ratificó el dictado de clases «exclusivamente a distancia» en todos los niveles educativos hasta el 21 de mayo en las zonas en «alerta epidemiológico y sanitario», como en el caso de la AMBA (Ciudad de Buenos Aires y municipios del conurbano).
La presentación del Gobierno de Rodríguez Larreta fue hecha el 16 de abril y solicitada una «acción declarativa de inconstitucionalidad» al entender que el DNU 241/2021 fue dictado «sin necesidad». Además, resaltó que debería haber participado el Congreso Nacional.
La Corte expresó ahora: «Las alegaciones sobre la cantidad de personas que utilizaron el transporte público de manera coincidente con el inicio de las clases presenciales, la circulación masiva de personas» (…) «o el aumento de la proporción de casos de COVID-19 en personas de 13 a 18 años y de 20 a 29 años, sin mayores explicaciones sobre la particular incidencia relativa de la educación presencial en la propagación del COVID-19, no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza, en lo que aquí interesa, porteña».
La administración porteña también había dicho que los informes que envió a la Corte el Estado Nacional no se refieren a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino a la extensión geográfica del «AMBA».
En uno de los puntos salientes del fallo, la Corte destacó que «a partir de la Reforma (Constitucional) del año 1994, la Ciudad de Buenos Aires adquirió el status constitucional que se expresó en el nuevo artículo 129», de acuerdo con el que «tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción».
«Los tribunales, y particularmente esta Corte, son los encargados de velar porque las atribuciones asignadas a cada autoridad no sean entendidas de manera tan extensa que se vacíe el carácter federativo de la Constitución», advirtió el máximo tribunal.
Y en ese marco dijo que de la Constitución «no surge ningún obstáculo» para que la CABA «decida sobre la modalidad presencial o virtual en que corresponda llevar a cabo la educación en su territorio».
Añadió: «Las normas adoptadas por las autoridades nacionales no solo no deben contradecir a la Constitución ni a los tratados internacionales sino tampoco invadir el ámbito competencial de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
«La falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena», enfatizó el Alto Tribunal.
La reacción del oficialismo no se hizo esperar. La vicepresidenta Cristina Kirchner fue la más virulenta, al afirmar que hubo un «golpe institucional».
«La Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias”, dijo.
«Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte? Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño».
Por su parte, el presidente Alberto Fernández dijo en un acto público que «voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y de las argentinas por más que escriban muchas hojas de sentencias”.
“Yo soy un hombre de derecho, respeto las sentencias judiciales, pero no saben lo que me apena la decrepitud del derecho convertida en sentencia; es el tiempo que me ha tocado y también tenemos que luchar contra eso”, añadió.
Poco después del fallo se sucedieron las reuniones para evaluar la cuestión. Particularmente, los intendentes del conurbano de Juntos por el Cambio.
Y el Gobierno de Rodríguez Larreta optó en principio por el perfil bajo, sin declaraciones públicas, aunque dispuso pronunciarse institucionalmente.
crédito portada realpolitik.
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