Acompaña a Luis Tarullo:
Entre los centenares de millones de personas que en el mundo tienen problemas para conseguir trabajo, aquellas que sufren algún tipo de discapacidad están, obviamente, en franca desventaja, pese a que existen normas que desde hace varios años buscan ponerlas en pie de igualdad.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en 2006 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -al menos el 10% de la población del planeta- que consagra el derecho de esas personas a trabajar “en igualdad de condiciones con las demás».
Allí se señala que «ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad».
La Convención establece que “los países que lo ratifican deben combatir los estereotipos y prejuicios y promover el conocimiento de las capacidades de las personas con discapacidad”, según dice su artículo 8. La Argentina adhirió a la Convención tan solo dos años después de su aprobación, o sea en 2008.
También se afirma que “los países deben garantizar que las personas con discapacidad disfruten de su derecho inherente a la vida en igualdad de condiciones con las demás, asegurar la igualdad de derechos y el adelanto de las mujeres y niñas con discapacidad y proteger a los niños con discapacidad”.
En el aspecto laboral estrictamente abunda diciendo: «Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación».
Entre esas medidas, menciona «prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables».
Además, «proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos».
Son numerosísimos, como se ve, los derechos garantizados a las personas con discapacidad cualquiera sea su edad, raza, religión o condición social, pero lamentablemente esos derechos no son respetados en gran parte del planeta según puede corroborarse a diario.
¿Existe el cumplimiento cabal del principio de que «las personas con discapacidad tienen los mismos derechos para trabajar y ganarse la vida» y que «los países deben prohibir la discriminación en asuntos relacionados con el trabajo, promover el trabajo por cuenta propia, el espíritu empresarial y la apertura de un negocio propio, emplear a personas con discapacidad en el sector público, promover su empleo en el sector privado y garantizar que se les brinden ajustes razonables en trabajo”, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención?
Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dice que está “elaborando y publicando sistemáticamente datos sobre una serie de indicadores del mercado laboral que ayudan a cuantificar las disparidades en los resultados del mercado laboral de las personas con y sin discapacidad”.
Pero los números, según la OIT, muestran lamentablemente que “las personas con discapacidad tienen más probabilidades de ser inactivas”
La tasa de actividad de las personas con discapacidad es muy baja, explica. Según informa la OIT, «siete de cada diez personas con discapacidad son inactivas”, en comparación “con cuatro de cada diez personas sin discapacidad”.
“Aunque la tasa de inactividad es más alta tanto para las mujeres como para los hombres con discapacidad que para los que no la tienen, es especialmente alta entre las mujeres con discapacidad”, sostiene la OIT en su página oficial.
Ello sugiere que “se enfrentan a una doble desventaja en el mercado laboral debido tanto a su sexo como a su condición de discapacidad. En los 60 países de los que se dispone de datos, la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad no sólo era superior a la de las mujeres sin discapacidad, sino también a la de los hombres con y sin discapacidad”, amplía el informe.
Otro punto desfavorable es que las personas con discapacidad tienen el doble de probabilidades que las que no la tienen de tener un nivel educativo inferior al básico y la mitad de probabilidades de tener un nivel educativo avanzado, se añade.
Obviamente, este déficit tiene consecuencias negativas a la hora de conseguir un empleo, y ni hablar de los trabajos de alta calificación.
De allí que es fundamental que las personas con discapacidad deban tener un acceso a la educación igual al de las personas sin discapacidades. Y, en todo caso, que accedan a programas para resolver esas diferencias.
Por ello, además, la tasa de desempleo es más alta entre las personas con discapacidad que entre las que no tienen discapacidad. La tasa media es de 7,6%, contra 6%, respectivamente.
También hay evaluaciones que indican que el acceso al empleo de las personas con discapacidad depende de las condiciones de adaptabilidad de los lugares de trabajo. O sea que las condiciones de los ámbitos laborales tienen un rol importante en la cuestión del trabajo para ese colectivo social.
La OIT afirma, de manera casi lapidaria, que “un mayor número de personas con discapacidad podría trabajar si se les presta el apoyo adecuado en el momento oportuno, incluyendo oportunidades de formación adecuadas”.
Debe reconocerse que la Argentina ha mostrado avances en la materia en los últimos años, aunque a diario se observan también déficits irresueltos en cuestión de, por ejemplo, infraestructura, lo que constituye barreras infranqueables para las personas con discapacidad.
En síntesis, y aunque no pueden negarse esos avances acá y en otros lugares, aún es alarmante (y los números lo demuestran) la incapacidad planetaria en el siglo XXI para resolver muchos de los problemas de las personas con discapacidad.
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