Acompaña a Luis Tarullo.
El progreso, los negocios y las sociedades no suelen darse la mano muchas veces, y el ambicioso proyecto del Tren Maya en México parece ser uno de esos casos, que demanda un amplio consenso que debe incluir una conciliación de intereses, especialmente en lo que respecta a la sustentabilidad del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
La empresa Alstom explicó que «el proyecto del Tren Maya (Tsíimin K’áak, en lengua maya) será una de las obras de infraestructura más importantes en la historia de la red ferroviaria de México y una oportunidad única para impulsar el crecimiento económico de la región sureste mediante la creación de empleos y el apoyo a la fabricación local».
Sin embargo, desde las propias Naciones Unidas han surgido voces de alerta: en ese sentido, se advirtió que «el Tren Maya podría poner en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible».
Alstom explicó por su lado que «se preservan las áreas naturales, los ecosistemas y el medioambiente, se promueve el turismo y se salvaguardan las culturas locales indígenas».
En ese marco, 42 Trenes X’trapolisTM serán diseñados y construidos en la planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo. El tren recorrerá 1.525 kilómetros, conectando los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De acuerdo con la empresa, se crean 4.000 empleos directos y cerca de 7.500 empleos indirectos con esta iniciativa.
En mayo de 2021, el consorcio conformado por Alstom Transport Mexico, Bombardier Transportation México, Gami Ingeniería e Instalaciones y Construcciones Urales Procesos Industriales ganó una licitación pública internacional de un contrato emitida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el organismo gubernamental mexicano responsable del Tren Maya. El contrato es para diseñar, construir y entregar 42 trenes X’trapolisTM, los sistemas ferroviarios, talleres y cocheras.
La iniciativa prevé que el primer tramo del Tren Maya empiece a funcionar en diciembre de 2023, transportando tanto a habitantes de la zona como a turistas. Cada coche, por ejemplo, tendrá capacidad para 300 pasajeros.
La empresa detalló que el diseño exterior tiene inspiración en la cultura maya y que los 42 trenes que fabricará Alstom “reflejarán los variados colores y texturas del arte regional».
Habrá tres tipos: el Xiinbal (caminar), un tren estándar de servicio regular con ventanas panorámicas; el Janal (comer), restaurante, con diseño inspirado por la obra del ingeniero y arquitecto Luis Barragán, con espacios para disfrutar la gastronomía regional, y el P’atal (permanecer), para largas distancias, con camarotes diurnos y nocturnos.
Además, el tren está diseñado para una velocidad máxima de 176 kilómetros por hora.
Según la empresa, el tren “contribuirá al desarrollo social y económico del sureste y de todo el país, y permitirá desarrollar una gran cadena de suministro ferroviaria, con proveedores nacionales».
También, dijo, “conectará a familias, pueblos y tradiciones y ayudará a que las comunidades sean más fuertes, más sólidas y más sostenibles».
Pero desde otros ángulos no todo parece ser color rosa, ya que surgen advertencias sobre las consecuencias del emprendimiento no solo una vez que esté concluido, sino en el mismo proceso de construcción.
Para los especialistas que analizaron esta situación, ello no debe ser a cualquier costo.
Desde Naciones Unidas se informó que «nueve relatores especiales y un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU advirtieron que el Tren Maya podría poner en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible».
Los expertos explicaron que debido a que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador elevó este tren «a la categoría de proyecto de seguridad nacional, puede derogar la aplicación de las salvaguardias ambientales y sociales».
Y señalaron que «esta clasificación no permite que México eluda sus obligaciones internacionales de respeto de los derechos humanos de las personas afectadas y de protección al medio ambiente».
“Esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que además socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados”. Esto lo afirmó Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
La funcionaria añadió que la participación del Ejército en la construcción y gestión del proyecto también “suscita gran preocupación”.
Los relatores plantearon que los defensores de los derechos humanos que advirtieron sobre los “impactos negativos” del proyecto “enfrentan amenazas y ataques”. Y advirtieron que “su acceso a un tribunal independiente e imparcial es limitado”, expresó la información de la ONU.
También destacaron que “como proyecto dirigido por el Estado”, el Gobierno de AMLO “debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”.
Por ello pidieron “garantizar la participación sustantiva de las comunidades afectadas” e instaron a “la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y el impacto ambiental antes de tomar cualquier decisión futura relacionada con el Tren Maya, con la intención de prevenir cualquier otro efecto negativo”.
En ese marco, los especialistas aseveraron que “se debe respetar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas” y, además, que “se tiene que evaluar de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, según lo establecen las normas internacionales de derechos humanos y medioambiente”.
En cuanto a las empresas, los expertos pusieron de manifiesto su “gran inquietud por la falta de diligencia en cuanto a los derechos humanos”.
Y los exhortaron a “tomar previsiones y ejercer su influencia para garantizar el ejercicio de las garantías fundamentales de los habitantes de los cinco estados implicados”.
“Las empresas e inversores relevantes domiciliados en España, Estados Unidos y China no pueden hacerse de la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya”, enfatizaron finalmente.
Así queda evidenciada entonces la imprescindible obligación, como en cada uno de estos megaproyectos, de que se logren los consensos necesarios, en el marco de la necesidad y, por qué no, la lógica de que el progreso y el desarrollo de las sociedades lleguen a cada rincón del planeta. En este caso, un tren gigantesco que promete ser una maravilla, siempre y cuando no circule por vías peligrosas.
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