El deterioro de la institucionalidad es un fenómeno que atraviesa a gran parte de occidente y que en la última década incluso pudo observarse en países centrales. La salida de Trump en los Estados Unidos desató un escándalo en torno a la veracidad de los resultados electorales, con el posterior asalto al Capitolio. No son pocos los intelectuales y artistas denominados progresistas que con razón o no, temen que un eventual regreso al poder del mega empresario sea perjudicial para la democracia.
Estos incidentes que para el mundo desarrollado son más novedosos, en América Latina tienen larga data, dónde las crisis económicas han afectado en buena medida a la institucionalidad de la región. Los contextos de apremio no han sido propicios para dar el debido tiempo a los órganos de gobierno de mediar y poner a las políticas públicas bajo control de la ciudadanía. En su lugar, las sucesivas crisis han dado paso a “iluminados” tanto de izquierda como de derecha, que encarnaron soluciones en torno a la figura de un líder y más allá de lo lógicas que pudieran ser sus ideas, tuvieron que vérselas con la realidad; controles del Congreso, procedimientos burocráticos y soluciones que en la praxis no pueden implementarse de un día para el otro.
En lo que respecta a la reacción argentina de lo que sucede en Venezuela, cabe resaltar que el kirchnerismo, como era de esperar, lejos ha estado de condenar al régimen con el que supo estrechar fuertes lazos; pero observando al gobierno actual, llama la atención que el presidente Milei ataque más a Maduro por socialista que por dictador, está última cualidad también la ha mencionado pero con menos énfasis y repetición. Esto quizá tenga que ver con su prisma de economista, pero probablemente responda también a una lógica en la que los medios y los modos son secundarios.
En el país caribeño, el hecho de que casi toda la riqueza haya provenido de un recurso natural como el petróleo en manos del estado, ha minado las posibilidades de contrapesar y controlar al poder y ha deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos al punto de registrarse un éxodo sin precedentes. Elisa Trotta, ex embajadora del gobierno interino de Venezuela en Argentina, da la cifra de 8,8 millones de ciudadanos en el exilio, lo que representa el 30 % de la población, algo de lo que no sólo no hay registro en ninguna dictadura latinoamericana, sino que supera a los exiliados de Siria y otros países en conflicto del Medio Oriente.
Con el resultado electoral fraguado a la vista de todos, el régimen ha quedado más expuesto. Sin embargo, aún es pronto para saber si será otro intento en vano más de recuperar la alternancia, lo que podría derivar en un régimen aún más duro y aislado; o si por el contrario, la presión internacional se volverá más determinante. Es un interrogante hasta qué punto Maduro será capaz de reprimir a la población sin que los mandos más bajos del ejército le retiren su apoyo o si habrá algún tipo de salida negociada.
Venezuela implica a toda la región, no sólo porque la caída del autoritarismo puede generar un efecto contagio y tender a un afianzamiento de las democracias, además porque podría empezar a poner un freno al narcotráfico, a los intereses rusos sobre el petróleo y también a la incursión de células ligadas a Irán y el fundamentalismo islámico.
Crédito Portada France 24
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